La juez entregó a estos tres administradores los derechos sobre el 53 por ciento de las acciones del Betis que posee Ruiz de Lopera, que le fueron intervenidas tras su declaración como imputado del 14 de julio. El auto de designación de los administradores les asignó un abanico de facultades que incluyen "el derecho a voto en las Juntas Generales, impugnación de acuerdos sociales, ejercicio del derecho a la información general, elección de miembros del Consejo de Administración, participación en su caso en dicho órgano social de conformidad con la cifra de capital social que representan e impugnación de los acuerdos del citado Consejo". Además, señaló que podrán "participar en el reparto de las ganancias sociales si las hubiera y cualquier otras que se estimen necesarias para la buena administración de las acciones y el mantenimiento del valor y productividad de las mismas".