Del mismo modo, la operación de Manu Gavilán —que se marchó al Bolonia libre y que dejará, como máximo, 360.000 euros en las arcas béticas— también es mirada con suspicacia por los tres administradores, así como los fichajes de Belenguer, Dorado y Nsaliwa (siempre que pase hoy las últimas pruebas físicas y rubrique su contrato), vinculados directamente con Carlos Bucero, hombre de confianza de Luis Oliver y que llevó a cabo dichas incorporaciones. Sobre todo, según pudo saber ABC, las sospechas residen en la premura con la que se han cerrado las operaciones, que si bien es cierto que eran necesarias para la conformación de la plantilla —eran futbolistas, en algunos casos, que no querían seguir o que no tenían hueco—, se han acometido en pocos días y que sólo han dejado en las arcas béticas los 1,8 millones que el Español pagará por Sergio García. Por contra, la rescisión de los contratos de Melli y Nano causarán perjuicio a las ya de por sí dañadas cuentas de la entidad. Por ello, los administradores solicitarán más información en los próximos días sobre estos movimientos, que —según les aseguró el propio Luis Oliver en la reunión que mantenieron— se les facilitaría sin ningún tipo de problema por parte del club.

 

Sin la información pedida

 

El problema, además, es que los administradores también recelan ya de las intenciones y de las supuestas buenas voluntades del actual consejo. Las fuentes consultadas por este periódico confirmaron que los responsables judiciales de las acciones de Farusa siguen sin recibir los documentos que requirieron a los consejeros en las dos reuniones mantenidas y que son clave para saber el estado actual de la entidad. En este sentido, se volverán a poner en contacto hoy mismo con el presidente del Betis, José León, y, de no recibir respuesta, se personarán el miércoles de nuevo en las oficinas del Ruiz de Lopera. Al parecer, es el secretario del consejo, Jaime Rodríguez-Sacristán, quien debe proporcionarlos.

 

Llegado el extremo de que sigan sin facilitarles la información solicitada, podrían hacerlo por vía judicial, aunque todo se paralizaría y eternizaría más. No obstante, éste es un punto al que los administradores no querrían llegar para seguir en la vía de las buenas voluntades que expresaron Porrúa y Gordillo en su primera rueda de prensa, pero que tampoco descartan si no ven movimientos en los próximas horas. A menos de diez días para el próximo consejo —previsto para el 25—, los administradores quieren que todo se agilice para que, como prometieron varios consejeros, se convoque la Junta, en esa reunión.

 

La que sí está confirmada es la cita que Porrúa y Gordillo tendrán con Béticos por el Villamarín el mismo miércoles (en principio fijada para las 14.00), en la que intercambiarán opiniones tras la reunión con las plataformas opositoras de la pasada semana. Todo puede ser que sufra modificaciones si tienen que visitar por las bravas el Ruiz de Lopera esa misma mañana para buscar los documentos.