En las próximas horas, Gordillo dirá si acepta el cargo de interventor de los derechos políticos de las acciones de Farusa y Alaya si interviene judicialmente el club. 

El futuro del Real Betis continúa sumido en una nube de tinieblas por la convulsión deportiva e institucional. A la demora en la planificación de la plantilla -Mel exige un '9' goleador- se une la incertidumbre en el plano judicial. 

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, eligió el pasado viernes a Rafael Gordillo interventor de los derechos políticos de las acciones de Farusa y el de San Pablo debería responder hoy si acepta la designación o si, por el contrato, origina otra etapa de vacío de poder. 

La notificación, según ha podido saber El Correo, será positiva e, incluso, ayer se reunió con personas de su confianza para delimitar el terreno. 
Algunos de sus amigos más íntimos podrían ser integrantes del equipo de gobierno, completado con un asesor económico y otro jurídico, sin descartar la figura del administrador judicial que podría crear la propia Mercedes Alaya si finalmente decide intervenir judicialmente el club. 
La opción de la intervención fue calificada ayer de "lógica" por un consejero de la entidad, debido, según dijo a El Correo, al proceso judicial que está marcando la magistrada. 

Las principales plataformas de la oposición ya están planificando un calendario de trabajo para acelerar la celebración de una Junta General Extraordinaria que desconvocaron los consejeros en su última reunión. 

El motivo esgrimido por Oliver a Castaño y Álvarez, consejeros que votaron a favor de la Asamblea, fue que la razón de su convocatoria era explicar el proceso de compra-venta de las acciones de Farusa a Bitton Sport, unas diligencias que ya habían sido inhabilitadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. 

Por tanto, el ex máximo responsable de Xerez y Cartagonova sostuvo que no existía ninguna necesidad de explicar ningún procedimiento a los diferentes accionistas de base. 

El nombramiento de Gordillo ha satisfecho a todos los miembros del consejo -José León y Oliver incluidos-, aunque el propio Oliver ya ha planificado una hoja de ruta para evitar su precipitada marcha de la entidad. 

Y Rufino González, vicepresidente, y el portavoz, José María Blanco, podrían ser claves en el futuro del empresario navarro. 

El actual equipo de gobierno de la entidad heliopolitana está formado por 8 integrantes: Luis Oliver, Ángel Vergara, José León, Manuel Castaño, Rufino González, Antonio Álvarez, José María Blanco y Jaime Rodríguez Sacristán. 

La ley estipula que un consejo de una entidad con el patrimonio accionarial del Betis debe ser formado por entre 7 y 20 miembros, aunque sólo 10 podrían disponer de derecho a voto en las reuniones. 

Si se oficializan las marchas del portavoz y el vicepresidente, Oliver debería ofrecer a Gordillo su repentina integración en el organigrama para evitar su disolución y la convocatoria, por vía judicial, de una Junta Gestora, el organismo que se crea cuando un consejo no cumple con el numerus clausus.
Si Gordillo acepta, sin embargo, podría introducir a dos personas más junto a él, un asesor económico y un asesor judicial. Y no necesariamente deberían poseer acciones de la entidad. 

Con ese dibujo podría participar desde ya en la toma de decisiones y no esperar a una Junta General Extraordinaria, en la que podría proponer ceses y nombramientos en función del artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), o a la designación de un administrador judicial, que disolvería de inmediato el consejo e inhabilitaría de sus funciones a sus miembros. 
Su capacidad de dirección se demoraría hasta la celebración de la propia Junta, ya que sería entonces cuando entregaría el relevo al nuevo gobierno.

Fuente: El Correo de Andalucia.