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sábado, 24 de julio de 2010
Contrato Lopera-Oliver al descubierto
EL MUNDO ha tenido acceso al documento del traspaso de acciones que Lopera pactó con Oliver / El dirigente del Betis detalla con minuciosidad todos los supuestos de incumplimiento que le devolverían los títulos / Tras 'Bitton' están dos sociedades sin referencias
Sólo una vez se aseguró de que todos los cabos quedaban atados, de que todos los supuestos se habían contemplado, entonces permitió a la apoderada de Farusa que firmase. Sobre la mesa, el contrato que estipulaba el traspaso de las acciones que del Betis tenía una de sus sociedades, de las mismas que le habían permitido gobernar el Betis a su antojo.
Al otro lado, como comprador, Bitton Sport, una misteriosa sociedad que accedía a pagar lo que el dirigente pedía. El traspaso quedaba cifrado en 16.173.000 euros, en pagos fraccionados. A la firma, Lopera aceptaba recibir sólo 1,1 millones -uno menos de los 2,1 que Oliver ha asegurado haber dado de entrada-, facilitando el resto de plazos. Es 6 de julio de 2010, y Manuel Ruiz de Lopera firma la venta de sus acciones del Betis.
Hasta ahí la teoría. Ahora las sospechas. Demasiadas. Empecemos por el precio, cinco veces menos del que hace un año voceaba. Sigamos por el momento, apenas una semana antes de su cita con la juez Alaya, y con la amenaza de la suspensión de los derechos de sus acciones de la que constantemente le venía advirtiendo el bufete de abogados que le defiende.
El comprador también merece su atención. Adquiría Bitton Sport, una sociedad que por entonces no existía como tal. En realidad se trataba de Desarrollo de Interiores Bitton, a la que los compradores habían renombrado expresamente para la ocasión. Del cambio de nombre sí queda ya constancia en el Registro Mercantil. No de que su capital social haya aumentado respecto al momento de la constitución de la madre de Bitton -apenas 10.500 euros-, ni de que su administrador, José Julio Antón Vicente -viejo socio de Oliver en el derrumbe del Cartagena, donde ambos fueron denunciados por delitos societarios- ya no lo sea.
De Oliver no hay rastro en el contrato de compraventa firmado por Farusa (Lopera) y Bitton, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso EL MUNDO. Sí de las sociedades que se presentan como fiadoras solidarias de la compra.
La primera es Dinaqua, una firma creada en Sevilla en 2003 pero que hoy tiene su sede en Madrid, en el mismo domicilio que la madre de Bitton Sport. Al igual que ésta, se trata de una empresa dedicada «a la importación y distribución de mercancías». Su capital, según los datos del Registro consultados, es de 8.920.000 euros, y como su administradora figura Isabel Escrig Juan.
La segunda sí ofrece más pistas. Se trata de Financiación Desarrollo y Gestión S.L., de la que figura como administrador Ángel Vergara García, el asesor económico con el que se presentó Oliver el día de su aterrizaje en el Betis. Esta sociedad tiene su origen en la una promotora que se denominaba Residencial Huescas, que cambió de nombre en el 96 al actual Fides. Figura en el Registro con un capital de 1.025.000 euros.
Ambas sociedades se levantan como apoyos de la pequeña Bitton en la compra, y deben garantizar el cumplimiento del contrato... siempre que Lopera quiera que se cumpla.
Como se sospechaba, el vendedor estipula minuciosamente en varias cláusulas las facultades que se reserva para los supuestos de incumplimiento. La segunda reza así: «Podrá (la compradora, Farusa) resolver la compraventa (...) pudiendo retener para sí, las cantidades abonadas por la compradora, en concepto de daños y perjuicios (...). Las partes consideran este punto conforme y proporcionado con sus pretensiones».
Otro punto fuerte del contrato es el de los avales que Lopera y sus sociedades «tienen prestados a favor del Real Betis». Según refleja Lopera, por valor de 27 millones (27.112.319 euros). El dirigente, lógicamente, obliga en el contrato a que el comprador «satisfaga las deudas contraídas por los avalistas»... y «las cantidades que eventualmente le fueran reclamadas a los mismos como consecuencia de las garantías personales que hayan prestado en plazo de 30 días». La documentación al respecto que acompaña al contrato es interminable. En ella, por ejemplo, se incluyen los contratos de compra de Sergio García, Oliveira o Nelson, y la relación de pagos pendientes por satisfacer a Zaragoza y Benfica respectivamente hasta 2012.
Esta vez no se detallan cláusulas surrealistas como las que impuso a Bsport, del tipo anti Galera o de blindaje al nombre del estadio, el suyo. Pero, claro, hay otros muchos casos previstos por Lopera, probablemente más transigente esta vez por la premura de tiempo: la venta futura de sus acciones. El dirigente estipula que el comprador no podrá transmitirlas «hasta que no se haya satisfecho el precio aplazado». Y que quien compre debe acarrear con las obligaciones que ahora asume Bitton. Lopera se reserva una indemnización de cien kilos si eso no se cumple. Otro punto curioso es el de la confidencialidad -las partes se prometen silencio acerca de cifras y demás datos ante la prensa-. Otro, ya conocido, supedita el traspaso al visto bueno del Consejo Superior de Deportes. El que nunca llegó.
Sólo una vez se aseguró de que todos los cabos quedaban atados, de que todos los supuestos se habían contemplado, entonces permitió a la apoderada de Farusa que firmase. Sobre la mesa, el contrato que estipulaba el traspaso de las acciones que del Betis tenía una de sus sociedades, de las mismas que le habían permitido gobernar el Betis a su antojo.
Al otro lado, como comprador, Bitton Sport, una misteriosa sociedad que accedía a pagar lo que el dirigente pedía. El traspaso quedaba cifrado en 16.173.000 euros, en pagos fraccionados. A la firma, Lopera aceptaba recibir sólo 1,1 millones -uno menos de los 2,1 que Oliver ha asegurado haber dado de entrada-, facilitando el resto de plazos. Es 6 de julio de 2010, y Manuel Ruiz de Lopera firma la venta de sus acciones del Betis.
Hasta ahí la teoría. Ahora las sospechas. Demasiadas. Empecemos por el precio, cinco veces menos del que hace un año voceaba. Sigamos por el momento, apenas una semana antes de su cita con la juez Alaya, y con la amenaza de la suspensión de los derechos de sus acciones de la que constantemente le venía advirtiendo el bufete de abogados que le defiende.
El comprador también merece su atención. Adquiría Bitton Sport, una sociedad que por entonces no existía como tal. En realidad se trataba de Desarrollo de Interiores Bitton, a la que los compradores habían renombrado expresamente para la ocasión. Del cambio de nombre sí queda ya constancia en el Registro Mercantil. No de que su capital social haya aumentado respecto al momento de la constitución de la madre de Bitton -apenas 10.500 euros-, ni de que su administrador, José Julio Antón Vicente -viejo socio de Oliver en el derrumbe del Cartagena, donde ambos fueron denunciados por delitos societarios- ya no lo sea.
De Oliver no hay rastro en el contrato de compraventa firmado por Farusa (Lopera) y Bitton, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso EL MUNDO. Sí de las sociedades que se presentan como fiadoras solidarias de la compra.
La primera es Dinaqua, una firma creada en Sevilla en 2003 pero que hoy tiene su sede en Madrid, en el mismo domicilio que la madre de Bitton Sport. Al igual que ésta, se trata de una empresa dedicada «a la importación y distribución de mercancías». Su capital, según los datos del Registro consultados, es de 8.920.000 euros, y como su administradora figura Isabel Escrig Juan.
La segunda sí ofrece más pistas. Se trata de Financiación Desarrollo y Gestión S.L., de la que figura como administrador Ángel Vergara García, el asesor económico con el que se presentó Oliver el día de su aterrizaje en el Betis. Esta sociedad tiene su origen en la una promotora que se denominaba Residencial Huescas, que cambió de nombre en el 96 al actual Fides. Figura en el Registro con un capital de 1.025.000 euros.
Ambas sociedades se levantan como apoyos de la pequeña Bitton en la compra, y deben garantizar el cumplimiento del contrato... siempre que Lopera quiera que se cumpla.
Como se sospechaba, el vendedor estipula minuciosamente en varias cláusulas las facultades que se reserva para los supuestos de incumplimiento. La segunda reza así: «Podrá (la compradora, Farusa) resolver la compraventa (...) pudiendo retener para sí, las cantidades abonadas por la compradora, en concepto de daños y perjuicios (...). Las partes consideran este punto conforme y proporcionado con sus pretensiones».
Otro punto fuerte del contrato es el de los avales que Lopera y sus sociedades «tienen prestados a favor del Real Betis». Según refleja Lopera, por valor de 27 millones (27.112.319 euros). El dirigente, lógicamente, obliga en el contrato a que el comprador «satisfaga las deudas contraídas por los avalistas»... y «las cantidades que eventualmente le fueran reclamadas a los mismos como consecuencia de las garantías personales que hayan prestado en plazo de 30 días». La documentación al respecto que acompaña al contrato es interminable. En ella, por ejemplo, se incluyen los contratos de compra de Sergio García, Oliveira o Nelson, y la relación de pagos pendientes por satisfacer a Zaragoza y Benfica respectivamente hasta 2012.
Esta vez no se detallan cláusulas surrealistas como las que impuso a Bsport, del tipo anti Galera o de blindaje al nombre del estadio, el suyo. Pero, claro, hay otros muchos casos previstos por Lopera, probablemente más transigente esta vez por la premura de tiempo: la venta futura de sus acciones. El dirigente estipula que el comprador no podrá transmitirlas «hasta que no se haya satisfecho el precio aplazado». Y que quien compre debe acarrear con las obligaciones que ahora asume Bitton. Lopera se reserva una indemnización de cien kilos si eso no se cumple. Otro punto curioso es el de la confidencialidad -las partes se prometen silencio acerca de cifras y demás datos ante la prensa-. Otro, ya conocido, supedita el traspaso al visto bueno del Consejo Superior de Deportes. El que nunca llegó.
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