El abogado del máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, ha sugerido a la Audiencia de Sevilla que sancione a la juez que investiga las cuentas del club por haber incurrido en "graves defectos procesales" y por negar a su defendido "su derecho a un proceso justo y con todas las garantías". En un recurso al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Lopera recurre directamente ante la Audiencia provincial el último auto de la juez de instrucción 6 de Sevilla, que no consideró prescritos los presuntos delitos cometidos en la gestión del Betis entre 1993 y 1998 y que, según los peritos judiciales, causaron al club un perjuicio de 12,4 millones de euros.

El abogado de Lopera cita la Ley del Poder Judicial en lo referente a las causas de recusación de un juez por "enemistad manifiesta" con alguna de las partes y las causas de falta disciplinaria grave y añade que deja a criterio de la Audiencia "la aplicación de los instrumentos legales previstos al objeto de que la presente causa discurra por los cauces adecuados y dirigidos a asegurar el derecho a un proceso justo, con todas las garantías". El recurso señala que la Audiencia debe valorar incluso la actuación de los peritos judiciales, como funcionarios públicos que han prestado juramento, por haber podido "omitir u ocultar datos económicos concretos, relevantes y conocidos".

La defensa de Lopera denuncia la "manifiesta indefensión" de haber sido citado como imputado el 14 de julio sin que los peritos hayan ratificado aún ante todas las partes su informe, a lo que la juez ha respondido en un auto notificado simultáneamente que "no se va a privar de dicho trámite a ninguna parte". La defensa afirma que, al no poder combatir dicho informe ante todas las partes, se ve obligada a hacerlo en el recurso ante la Audiencia, convertida así en "juez de instrucción" para hacer frente a la "acusación judicial" en que se ha convertido la titular del juzgado de instrucción 6.

Por ello, pide que la Audiencia "apremie" a los peritos a entregar el resto de su informe, referido a la gestión de Lopera desde 1998 a la actualidad, y que ordene a la juez de instrucción corregir "los graves desequilibrios" que observa en el último auto y en general "en el modo de afrontar la dirección de esta causa". Subsanar los "graves errores procesales" es la única manera de evitar que las actuaciones "sean inútiles" y sólo sirvan para "generar titulares de prensa que sigan vilipendiando" a su representado.

En referencia a las asociaciones opositoras a Lopera que denunciaron el presunto delito societario, el recurso critica a quienes pretenden "dirigir esta causa penal a su antojo" manipulando a unos medios de comunicación "debidamente intoxicados". El recurso califica de "inquietante" el proceso penal sufrido por Lopera, carente de las garantías legales, y sugiere que la juez ha podido "dirigir la instrucción desde el primer momento, procurando impedir el derecho de defensa". Entre otras presuntas irregularidades, el recurso dice que la propia juez ha fijado las penas que podrían imponerse a Lopera en más de 15 años de cárcel, por lo que pide a la Audiencia que ordene a la magistrada la "inmediata transformación" del actual Procedimiento Abreviado según los trámites del sumario, como exige la ley.

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