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martes, 28 de septiembre de 2010

Hasta tres juntas antes de fin de año

Que el actual consejo de administración del Betis tiene caducidad es algo evidente. ¿Cuándo llegará su hora? Pues en el momento que se celebre una junta de accionistas y para ello hay hasta tres vías abiertas que podrían deparar que una sociedad anónima como el Betis tenga que preparar hasta ese número de asambleas de aquí a final de año. La única que está garantizada es la ordinaria, que debe celebrarse antes del 30 de diciembre (incluido, el año pasado fue en esa fecha), pero judicialmente hay dos opciones muy vivas. La primera, muy conocida por su presencia reciente en los medios, es la que facilita el incansable trabajo de Por Nuestro Betis (PNB), cuya demanda de una junta extraordinaria no ha sido atendida desde la primavera y el Juzgado de lo Mercantil número uno puede decidir una fecha en breve. Pero es este mismo tribunal el que debe tomar una determinación sobre otro asunto abierto: la impugnación de la Junta de Accionistas de 2007, conocida como la de la «vergüenza». Y las partes esperan que tras ver respaldados sus razonamientos en primera instancia, el recurso del club no prospere y haya fecha para esta junta esta misma semana.

De esta manera, hay tres vías abiertas para que se celebre una junta, en las cuales un obligado punto del orden del día es el cese y nombramientos de los componentes del consejo de administración. La mayoría accionarial que hoy ostentan los administradores judiciales de las participaciones de Farusa en el club es la que tendrá la capacidad de decisión en estas asambleas, algo que provocará un cambio seguro en el gobierno de la entidad, ya que según algunas fuentes pretenden nombrar un consejo profesional y en el que estén representados diversos sectores del beticismo, además de no tener en cuenta a los actuales miembros del consejo que mantienen a Luis Oliver en su seno.


Con respecto a la junta reclamada por PNB y que ha sido pasada por alto por los rectores del club durante los últimos meses alegando defectos de forma, se está a la espera de que la entidad presente un escrito ante el Juzgado de lo Mercantil para expresar sus motivaciones. Tenía la entidad diez días hábiles desde que recibió la comunicación y en breve concluye el plazo. Según algunas fuentes, el juzgado deberá decidir de inmediato una fecha para dicha junta, incluso antes del 30 de noviembre que prevé la entidad, según un comunicado que publicó en la web tras una reciente reunión del consejo de administración. Mientras, con respecto a la junta que repondría la impugnada de 2007, las previsiones indicaban que el juzgado iba a decidir hace algunos días, pero éste aún no ha dado a conocer su parecer. En esta causa están personados, a título individual, diferentes béticos adscritos a asociaciones como PNB, Béticos por el Villamarín y Liga de Juristas Béticos.

Si prosperan todas estas iniciativas se daría la curiosa circunstancias de que el club tuviera que celebrar hasta tres juntas de accionistas, dos extraordinarias y una ordinaria, en los tres meses que restan para el final de año, un hecho inaudito y que no sólo provocará el seguro cambio de mando en la entidad, sino también una evidente parálisis institucional.

Cinco recursos ante Alaya

Y como el asunto judicial en el Betis es variado, también se está pendiente de lo que suceda en el Juzgado de Instrucción número 6, donde se investiga la etapa de Lopera en el club por presunta apropiación indebida y delito societario continuado del ex consejero delegado. En este sentido, su defensa ha presentado hasta cuatro recursos en las últimas fechas contra autos de la juez Mercedes Alaya y la Fiscalía ha puesto encima de la mesa otro frente a las decisiones de la instructora. La defensa de Lopera, llevada por el despacho Montero-Aramburu, ha planteado un recurso de apelación directa contra el auto del 12 de julio de 2010 en el que se acordaba la vistilla para tomar medidas cautelares tras la declaración del ex consejero delegado; otro de apelación directa contra la providencia del 7 de julio de 2010 en el que se acuerda el mandamiento a la notaría de Arturo Otero López-Cubero para presentar el contrato de compra-venta entre Farusa y Bitton Sport; un recurso de reforma subsidiario de apelación contra el auto del 3 de agosto de 2010 en el que se acordó la administración judicial de las acciones de Farusa (la Fiscalía también recurrió esta decisión); y otro de reforma y subsidiario de apelación contra el auto del 1 de septiembre de 2010 que decretaba el embargo de los bienes y acciones de Farusa.
 

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