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miércoles, 14 de julio de 2010

Lopera acusa a la jueza de "ser parte de la oposición" y ésta estudia posibles medidas cautelares

Manuel Ruiz de Lopera, hasta la pasada semana máximo accionista del Real Betis, ha declarado este miércoles durante casi seis horas, como imputado por presuntos delitos societarios relativos a su gestión al frente del club, ante la juez que instruye la causa, quien ha ordenado una vista de medidas cautelares que ya se está celebrando. 

Durante la comparecencia, la jueza ha tenido que llamar la atención en varias ocasiones al abogado de Lopera, José María Calero, por continuas interrupciones, así como al propio procesado quien ha acusado a la jueza ser "parte de la oposición". Además,  ha eludido en todo momento lo ocurrido en el año de 1992, cuando se hizo con el control del Betis, en el proceso de conversión de la entidad en sociedad anónima deportiva que, según la oposición, estuvo plagado de irregularidades. Pero, además, tampoco ha aclarado nada sobre esa presunta venta de su paquete de acciones a la empresa encabezada por Luis Oliver.


La declaración judicial de Lopera se ha prolongado, en una primera parte, casi seis horas, tras lo que la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha acordado la redacción de la declaración para que sean leídas por las partes antes de que se celebre la vista de medidas cautelares. Medidas cautelares que, según fuentes judiciales, se tomarán en contra de Lopera, quien ha basado su declaración en la defensa de su inocencia bajo la base de considerarse "el 'salvador' del Betis".

El ex mandatario del Betis llegaba a los juzgados dos horas antes de su citación, la cual estaba fijada para las 10:00, para evitar así a las cámaras, a pesar de lo cual varios medios de comunicación y cerca de medio centenar de aficionados béticos ya aguardaban su llegada a la sede judicial. 

Ruiz de Lopera accedió primero al Negociado del Juzgado de instrucción 6 -sobre las 10:55 horas- para pasar posteriormente, a las 11:15, a prestar declaración ante la juez, acompañado por su abogado, José María Calero, y cuando accedía a la sala fue increpado por una mujer que le dijo: "Viva el Betis..., libre. Señor Lopera, váyase". 

El abogado Adolfo Cuéllar, de la Liga de Juristas Béticos, una de las asociaciones que ejerce la acusación particular, ha declarado a los periodistas que en la primera comparecencia gran parte del interrogatorio de la juez ha girado sobre la actuación de las empresas Tegasa y Encadesa, ambas propiedad de Lopera, y su vinculación con la gestión del Betis. 

Cuéllar ha indicado que no les ha "sorprendido" el contenido de la declaración que ha hecho el ex mandatario bético, aunque sí les ha causado "sorpresa el discurso apocalíptico de Lopera de lo que va a ocurrir en el club a partir de ahora". 

El letrado de la Liga de Juristas ha añadido que entiende que la juez haya ordenado esa segunda comparecencia, ya que con ello se busca "una mayor garantía para todas las partes" representadas en el procedimiento "y para que cada uno alegue lo que considere oportuno", después de la primera declaración iniciada en la mñana de este miércoles. 

Una vez que se produzca esta nueva declaración de Lopera, según este abogado, la juez que instruye la causa procederá "próximamente" a dictar un auto que podría incluir distintas medidas cautelares, y ha precisado que esto puede ser "esta misma tarde, mañana o pasado".  En cualquier caso sobre las 20:00 de la tarde se conoceran nuevos datos.

Ruiz de Lopera ha sido citado por la juez de instrucción 6 de Sevilla como imputado por presuntos delitos societarios en la gestión del Real Betis y que pudieron perjudicar al club, en la que es su primera declaración judicial por una denuncia de la Fiscalía por, presuntamente, "descapitalizar el Betis en beneficio propio". 

Hay que recordar que la propia Fiscalía pidió, en abril pasado, el archivo de los hechos investigados correspondientes al lustro comprendido entre 1993 y 1998, al estimar que los posibles delitos cometidos por Lopera ya habrían prescrito al haber pasado diez años.  

Ello fue rechazado por la juez Mercedes Alaya, titular del antes citado Juzgado número 6, quien entendió que, por contra, el plazo para la prescripción se extendería hasta los quince años, dada la especial gravedad del delito cometido. 


Fuente: http://www.diariodesevilla.es/


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