Mercedes Alaya, titular del Juzgado número 6 de Sevilla, que lleva la instrucción en la demanda por presunto delito societario o apropiación indebida presentada contra Lopera por la Liga de Juristas Béticos y Por Nuestro Betis, emitió dos autos en los que amplía su investigación sobre la conversión del Betis en sociedad anónima, observa irregularidades en la adquisición de las acciones por parte de Farusa que le dieron el poder al hoy consejero delegado, y cita a declarar al ex presidente Hugo Galera para mediados de octubre.

Alaya amplía el periodo investigado hasta el 30 de junio de 1992, fecha de la transformación de Betis en sociedad anónima deportiva, y «a los momentos previos en los que Lopera comenzó a ejercer como directivo», cuando ya influía en la gestión del club antes de hacerse cargo de la mayoría accionarial. Y es en este punto donde pone el acento la magistrada, ya que se basa en dos contratos con fecha 30-6-1992 y 14-11-1994, en los que «se ponen de manifiesto irregularidades por parte de Farusa en la suscripción y desembolso de las 30.869 acciones que adquirió a 30 de Junio de 1992, fecha de constitución del Real Betis Balompié como sociedad anónima deportiva, irrogándose desde este momento los derechos políticos de las mencionadas acciones cuando presuntamente no se había desembolsado ni en esa fecha, ni en fechas muy posteriores el importe de las mismas. Con este paquete de acciones de Farusa, que se amplió hasta 55.350 acciones, unido a las propias, D. Manuel Ruiz de Lopera se convierte en accionista mayoritario y rector desde ese momento de los designios del Real Betis Balompié», según reza uno de los autos.

Con ello se pone en duda la legalidad de la adquisición de las acciones del club por parte de Farusa (Familia Ruiz de Lopera, S.A.) y puede poner en tela de juicio los 17 años que el empresario de El Fontanal lleva dirigiendo los designios del club bético. Sin embargo, la jueza Alaya no se queda en el 92, sino que amplía el ámbito de la investigación a esa fecha y a los momentos previos en los que Lopera comenzó a ejercer como directivo, en la época de Galera como presidente. Paralelamente, y según informa Europa Press, el juzgado requiere información a siete entidades financieras «para que aporten los extractos de las cuentas corrientes comprensivos de todos los movimientos anotados en las mismas, de titularidad del Betis», también a Cajasol por el préstamo de 308 millones de pesetas de El Monte entonces y al CSD y LFP sobre la conversión del club en sociedad anónima. También solicita el original del acta con la relación de los socios suscriptores a 30 de junio del 92 y que Tegasa informe de las acciones que compró.

Fuente: http://www.alfinaldelapalmera.com